Una efeméride bastante citada durante estos tiempos fue aquella del anuncio de Jonas Salk en un programa de radio sobre el éxito de la vacuna contra la poliomielitis. Quizá porque contrasta con las actitudes tanto de la industria farmacéutica como de algunos gobiernos dirigidas a acaparar el suministro y el inventario, respectivamente, de medicamentos que podrían ser efectivos en infecciones por el SARS-CoV-2.
La incertidumbre y desasosiego generalizado que despertó la pandemia ha llevado a personas, instituciones y gobiernos a tomar decisiones precipitadas y, algunas veces, desacertadas. De la misma forma, esta situación ha permitido develar la arrogancia de los países del norte; así como la dependencia, desigualdad y falta de liderazgo de los países del sur global.
Por ende, los escenarios optimistas de muchos gobiernos de esta región, en cuanto al desarrollo de tratamientos efectivos, pueden convertirse rápidamente en pesadillas si se tiene en cuenta la actitud que han tomado las economías poderosas y la industria farmacéutica frente al acceso a medicamentos usados actualmente contra la infección.
En palabras del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos “El coronavirus es un pedagogo cruel, porque la única manera que tiene de enseñarnos es matando”.
Y es que el esquema de incentivos a la innovación, basado en la protección de derechos de propiedad intelectual, fue ideado para productos que responden a lógicas tradicionales de mercado, donde la voluntad del consumidor — que puede ser fácilmente manipulada — o del mercado usualmente determinan la demanda de un bien o servicio y donde existe capacidad de decisión frente a su adquisición.
Cuando se trasladan estos esquemas al contexto sanitario comienzan las incongruencias: La demanda no depende del mercado y los compradores no tienen capacidad decisoria. Pues a un consumidor no le es posible prescindir del consumo de un medicamento, como sí le es posible hacerlo de una prenda de ropa, o un automóvil. De los medicamentos depende la vida de las personas, por lo tanto, su demanda es inflexible.
Los medicamentos y en general las tecnologías en salud son bienes que permiten salvar vidas o mejorar su calidad; es decir, son medios para garantizar un derecho fundamental. Sin embargo, el costo de los medicamentos es usualmente fijado con base en metas financieras — algo entendible dada la lógica en la que son desarrollados — . Por lo tanto, lo que estos incentivos han creado es un escenario donde un derecho fundamental está supeditado a la capacidad de pago de quien lo ostenta.
Con el advenimiento de la toma de decisiones en salud basadas en evidencia se han desarrollado métodos bastante sofisticados para establecer umbrales de disposición a pagar y mecanismos de reembolso de tecnologías en salud de acuerdo con su aporte terapéutico; es decir, si una tecnología tiene una relación favorable entre su “valor” y su precio.
Si bien este mecanismo parece en un principio razonable, una interpretación conveniente de este discurso puede ayudar a incrementar drásticamente los precios de tecnologías por medio de supuestos de modelamiento económico, llevando la discusión a escenarios estridentes y tendenciosos como “¿Cuánto cuesta un año de vida?” o “¿Cuánto está dispuesto a pagar para salvar un paciente?”, alejándola de los puntos relevantes relacionados con el replanteamiento de los mecanismos de incentivos a la innovación y protección de la propiedad intelectual de interés en salud pública.Estas reflexiones nos devuelven a la coyuntura actual, donde el desarrollo de un tratamiento efectivo para la COVID-19 se vislumbra inevitable, dada la cantidad de dinero invertido e instituciones involucradas en su consecución.
Entonces, en un escenario en el que este tratamiento sea una realidad, la discusión será seguramente llevada a diferentes lugares comunes relacionados con el valor terapéutico, la costo-efectividad, entre otras labores. Adicionalmente, aunque es probable que una gran parte del dinero y esfuerzo empleado para financiar este desarrollo haya provenido de instituciones públicas y universidades, dicho aporte podría ser censurado de la conversación global en aras de favorecer intereses individuales.
Por esto es de gran relevancia que estos temas sean visibles en el escenario público, que los tomadores de decisión y los líderes de cada nación conozcan el impacto que tendrían decisiones arrogantes frente a una venta monopólica de una tecnología que salva vidas, y que por fin acepten que la salud es un derecho y no una mercancía.
By Fabian Hernandez Portunus Co-founder – Biomedicine researcher, BS Pharmacy and Bioinformatics MSc student. Fabián’s focus is on molecular biology and biological data analysis.
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